El sistema penitenciario de Bolivia es uno de los más complicados del mundo: el hacinamiento supera el 350% (https://www.prisonstudies.org/country/bolivia), la gran mayoría de los presos están en prisión preventiva, miles de ellos durante más de los 3 años máximos legales, y algunos presos ni siquiera parecen tener un expediente en el poder judicial.
Así, que cuando en 2016 el director de Régimen Penitenciario en Bolivia se acercó a Tutator para desarrollar un sistema de gestión de casos para todas las prisiones del país, ambos estábamos entusiasmados con la posibilidad de mejorar las condiciones de los detenidos; pero, también aprensivos ante la posibilidad de que tal herramienta pudiera ser utilizada para reforzar un sistema punitivo en lugar de mejorarlo. Después de consultar con varias organizaciones internacionales (ONUDD, CICR) decidimos que esta era una oportunidad para que Tutator pusiera su pie en la puerta del sistema penitenciario boliviano, trabajando desde abajo para tratar de mejorar el sistema y las condiciones de los detenidos.
Comenzamos el trabajo a finales de 2016 para desarrollar un sistema con los objetivos de:
La primera versión del software SIPENBOL fue entregada a la autoridad penitenciaria en 2018 y consistió en los dos primeros módulos: registro de presos (ingreso y salida) e información de casos legales. Tutator brindó capacitación a los usuarios del sistema y se desplegó en el área central del país en un programa piloto (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz – un área que cubre entre el 75 y el 80% de la población del país).
Tras el éxito del despliegue de la primera versión, Tutator fue contratado por el gobierno boliviano para ampliar la funcionalidad del sistema. En la actualidad, el programa se encuentra en su tercera versión y entre los módulos recientes se incluyen:
A partir de 2020, el plan del Ministerio de Gobierno es ampliar el uso del sistema para que abarque el 100% de las prisiones de todo el país.
Una de las mayores debilidades del Estado boliviano era tener información actualizada sobre las personas privadas de libertad. La SIPENBOL aborda este problema y con la implementación del sistema en casi todo el país, el Estado cuenta con datos reales que le permiten tomar mejores decisiones y formular políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de estas personas.
Asimismo, con la segunda versión de la SIPENBOL se incluyen los equipos interdisciplinarios para que, a través del sistema, puedan realizar un seguimiento más especializado de los casos que atienden y asegurar la continuidad de la asistencia, aunque haya un cambio de personal. Esto repercutirá positivamente en el trabajo que se realice con cada persona privada de libertad y se brindará un servicio más efectivo.
El sistema lleva funcionando sólo un par de años y ya ha tenido un gran impacto en la protección de los derechos humanos de los detenidos en Bolivia.
Poco después de la puesta en marcha de la primera versión del SIPENBOL, la autoridad penitenciaria hizo un censo manual de todos los detenidos en todo el país y cargó los datos en el sistema SIPENBOL. Esto les permitió tener un panorama completo de la situación actual, incluyendo un conteo preciso de toda la población en el sistema carcelario, que en 2018 fue de 17.308 personas. Cuando preguntaron al Poder Judicial cuántas personas según sus expedientes deberían estar encarceladas, la cifra llegó a 12.000, lo que demuestra que hay potencialmente miles de personas en prisión sin expediente judicial. Ambas organizaciones se han comprometido a trabajar conjuntamente para identificar todos los casos de detenidos que carecen de expediente judicial y tratar de resolver sus casos.
A finales de 2018, el presidente de Bolivia ofreció un programa de amnistía para 2.535 presos en todo el país, como parte de la política humanitaria del Gobierno de ayudar a quienes están en prisión por delitos menores. Para identificar estos casos se utilizó la base de datos de SIPENBOL y se dio prioridad a las personas que pertenecen a uno de estos grupos:
Los retos para desarrollar el sistema SIPENBOL fueron muchos, pero los más difíciles se centraron en la falta de infraestructura existente (red, ordenadores, escáneres, impresoras), de personal y de conocimiento y comprensión general de cómo debería funcionar un sistema de este tipo (requisitos funcionales) y ser desplegado.
Para superar estos problemas, Tutator colaboró estrechamente con el grupo de TI de la autoridad penitenciaria para especificar el diseño y los requisitos de los servidores, los terminales y la infraestructura de red.
Para los requisitos funcionales, nuestro equipo fue a visitar varios centros de detención para observar y documentar el proceso existente y habló con los usuarios para entender sus necesidades, retos y condiciones de trabajo. Construimos prototipos que sometimos a revisión para asegurarnos de que el producto final iba a satisfacer las necesidades del cliente y los usuarios.