Como instituciones de la sociedad civil que aportan a la Justicia Juvenil Restaurativa en el país,
resaltamos el trabajo de los integrantes del Sistema Penal para Adolescentes. En este comunicado hacemos especial mención al Ministerio Público, en su compromiso por especializar a la unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía.
Con la aprobación del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA, 2014), Bolivia asume el reto de construir un sistema “especial” y “especializado” en Justicia Penal para Adolescentes. Así, esta norma determina que, además de las responsabilidades establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, son atribuciones específicas de las o los Fiscales Especializados:
– Promover y requerir la desjudicialización, siempre que fuera procedente
– Promover y requerir la aplicación de salidas alternativas. (Art. 275)
En ambas responsabilidades, la fiscalía debe revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que las acompañen. Así, se debe promover:
En este escenario, la Fiscalía General del Estado asumió este compromiso en el año 2019 con la creación de las fiscalías especializadas: entre ellas la Dirección de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales.
Producto de este esfuerzo y con el acompañamiento de la sociedad civil, se cuentan con 11 fiscales especializados en todo el país. Asimismo, se impulsó acciones para la capacitación de estos fiscales, bajo un principio de especialidad. En ese sentido, la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de CDC, ProgettoMondo y Tutator, el 2019 promovieron Construyendo una Fiscalía Especializada en el Sistema Penal para Adolescentes un proceso de formación con la participación de expertos nacionales y del Perú, en estándares internacionales y nacionales en justicia penal para adolescentes.
Para facilitar la capacitación de los fiscales que no tienen acceso a internet, en septiembre de 2020 se trabajó en un curso virtual que funciona off-line. Así, se sostiene que se capacitaron a más de 538 fiscales de materia en el país, incluidos Directores y Fiscales Superiores.
Además de lo descrito, cabe resaltar la participación de la fiscalía en varios espacios de coordinación interinstitucional. Muestra de ello es la circular en la que se solicita que los fiscales especializados brinden asistencia a los equipos técnicos de justicia restaurativa y centros de orientación para una correcta aplicación de los mecanismos.
Finalmente, las tres organizaciones de la sociedad civil invocamos a que la Fiscalía General del Estado continúe en el trabajo de especialización del Ministerio Público, reconociendo y valorando su contribución a la vigencia y ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia del país.
Autores
CDC, ProgettoMondo y Tutator